Retazos:
...Toda la prensa y las cadenas audiovisuales centran sus informaciones, mayoritariamente, en las críticas a la ley basándose exclusivamente en el número de presos beneficiados con una rebaja de las penas y unas escasas excarcelaciones, sin detenerse a informar sobre las causas que las han motivado. Los políticos alimentan, por su parte, la creación de un ambiente de alarma generalizada que no responde a un análisis sereno y objetivo de la realidad.
Las reacciones me parecen desmesuradas, oscilan entre los que piden la disolución del Ministerio de Igualdad, la expulsión de la Ministra de la vida política y por supuesto la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones. Que yo recuerde nunca una ley ha producido efectos tan deletéreos y expansivos. Ni la ley del aborto, ni la de la eutanasia, ni el matrimonio homosexual han llegado a los niveles que ha alcanzado una modificación del Código Penal, siguiendo las recomendaciones de los Convenios internacionales y las tendencias de política criminal de la mayoría de los países que han abordado con criterios de racionalidad la respuesta penal a los delitos contra la libertad sexual.
Para iniciar el debate les expongo sintéticamente, los antecedentes históricos de los delitos contra la libertad sexual en mi país. A los asistentes les llamó la atención que durante muchos años el bien jurídico protegido no era la libertad y la capacidad de autodeterminación de la mujer, sino su honestidad. Les informo que, con una cierta coherencia lógica, algunos sostenían que violar a una prostituta no era constitutivo de delito.
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La entrada en vigor de la Constitución de 1978 obligaba a corregir semejante esperpento de innegables reminiscencias medievales. La ley de 21 de junio de 1989 actualizó el Código Penal, sustituyendo la rúbrica por la de: Delitos contra la libertad sexual y de la violación y las agresiones sexuales. El Código de 1995 perfiló la denominación titulándolos como: Delitos contra la libertad e indemnidad sexual. En el año 1999, el Gobierno del Partido Popular, manteniendo la misma denominación introduce modificaciones en la tipificación de los delitos y en la cuantía de las penas, sin contemplar disposición transitoria alguna.
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