Aun así, el delegado del Govern Ramon Farré ha defendido que el sector ha "cumplido con sus deberes". "Otra cosa" son, ha añadido, los temporeros sin papeles que han acudido a la región para trabajar sin las condiciones para tener un contrato, y que se estima que serían unas 2.000. "Antes de la COVID-19, durante y después tenían una situación de vivienda muy complicada, con sobreocupación en muchos casos de edificios, pero no vinculados a las condiciones ordinarias de la campaña agraria", ha argumentado.